La constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV) es una de las principales empresas del rubro en Chile, pero el viernes pasado, la compañía solicitó a la justicia su liquidación voluntaria; es decir, su quiebra, con pasivos que superan los US$ 60 millones.
Este es el solo el último capítulo que se escribe, hasta ahora, en el negocio del ladrillo y el cemento en Chile, que enfrenta un complejo escenario. Desde fines de 2019, más de una docena de empresas del sector construcción e inmobiliario en Chile han iniciado procesos ante la justicia. Unas para solicitar su liquidación y otras para intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores y así poder seguir operando.
Los recursos vinculados a todos estos procesos son millonarios: los pasivos de las empresas que han recurrido a la justicia superan los US$ 600 millones.
Desde el año 2014 está vigente en Chile la Ley de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas, la cual considera un procedimiento judicial que permite el cierre formal mediante la venta de los bienes de la empresa para el pago de la deuda a sus acreedores.
Todas las compañías que han recurrido a la justicia han apuntado a los efectos de la crisis social que se desató en Chile en 2019. También a la pandemia, que obligó a la paralización de diversas obras de construcción.

Luego –según las propias empresas que han recurrido a la justicia- se sumó el alza de costos de los materiales de construcción en el país sudamericano, con aumentos en algunos productos que superan el 30% en menos de 12 meses.
Y, ahora último, también se apuntó a disputas de empresas constructoras por contratos firmados con el Estado, en específico, por proyectos de infraestructura pública.
Los privados reclaman que no se permitió renegociar los contratos con el Estado (que son a suma alzada, también conocido como llave en mano), para que ambas partes asumieran las alzas de costos de los materiales.
No obstante, la administración del Presidente Gabriel Boric, que asumió en marzo pasado, acaba de anunciar que se renegociará contratos firmados por distintos ministerios (como Obras Públicas) con privados, en que se asumirá el alza de costos de los materiales, lo que significará un mayor desembolso del fisco chileno. Para la autoridad local, con esto se busca proteger el empleo.

 

Reorganizaciones

Hasta ahora, la principal compañía que optó por solicitar una reorganización judicial, y así negociar nuevas condiciones con sus acreedores, fue el grupo chileno Sencorp, ligado a la familia Senerman. El clan abrió dos procesos paralelos ante la justicia: uno para Sencorp SpA y otro para Inversiones y Renta Sendero SpA. Los pasivos superan los US$ 242 millones.
En junio, la Cruz Inmobiliaria y Constructora -de propiedad del expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Hurtado, y Marcelo Garrido- también inició un proceso de reorganización judicial para evitar su quiebra. Sus pasivos son cercanos a los US$ 80 millones.
“El crecimiento de la empresa y los buenos resultados obtenidos se vieron afectados a partir del año 2020 por efectos de la pandemia, ya que los plazos de ejecución de las obras se fueron ampliando debido a las cuarentenas y restricciones de movilización, retrasándose las ventas, pero manteniéndose la estructura de vencimiento de los financiamientos”, dijo la empresa en su solicitud de reorganización.
A principios de septiembre, una de las mayores constructoras de Concepción, la Inmobiliaria Las Magdalenas, solicitó la apertura de un procedimiento de acuerdo de reorganización. “La actividad de la compañía se vio profundamente perjudicada por la problemática social, económica y política que enfrentó el país en el llamado estallido social, en octubre del año 2019, lo que vio obligada a la empresa a sufrir paralización de obras durante semanas, robos, actos de violencia y por sobre todo la imposibilidad de obtener créditos que pudieran garantizar avances en las obras. Esto se vio acentuado por la crisis sanitaria”, sostuvo la empresa.
A fines del año pasado, la firma de gestión y desarrollo inmobiliario Vivocorp también inició un proceso de reorganización judicial, con pasivos por casi US$ 160 millones. En agosto de este año, y como parte de la reestructuración de esta compañía, CorpGroup –ligada al empresario Álvaro Saieh- concretó su salida del negocio, dando paso al fondo de inversión Asset Rentas Comerciales Vivo, cuyos aportantes eran antiguos acreedores de VivoCorp.
La empresa constructora Beltec Limitada, representada por su gerente general Joaquín Novoa, también solicitó el inicio de un proceso de reorganización para evitar la quiebra. Si bien la firma apuntó a los efectos del estallido social y la pandemia, también destacó el alza de costos de los materiales de construcción y mano de obra.

 

Las liquidaciones

Otras compañías del rubro no lograron salir adelante y solicitaron su liquidación voluntaria a la justicia. En esta lista figura la constructora Triada, fundada en 2006 y representada por Fernando Balmaceda. La firma apuntó a los negativos efectos que tuvo la crisis social y la pandemia en sus resultados.
Las empresas del grupo Lanzco –que centra sus negocios en el arriendo y venta de equipos para la minería, construcción e industria- siguieron el mismo camino: tras intentar llevar adelante un plan de reorganización financiera, afectadas por la crisis social y la pandemia, solicitaron la quiebra.
Ligada a Peter Lanz y Herbert Springmüller, la firma nació en 1972 y está conformada por: Lanz y Cía. Limitada (venta de equipos y servicios para la minería e industria), Lanz Tecnomaster Limitada (arriendo de equipos para bombeo y proyección de hormigón y mortero), Renta Equip Chile Limitada (arriendo de equipos y maquinarias para la construcción de obras civiles) y Técnica de Maquinarias Limitada (venta de equipos, maquinarias y motores para la construcción). Las tres primeras fueron las que solicitaron su liquidación voluntaria.
Brotec Construcción -filial de Brotec S.A., grupo que tiene varias unidades de negocios como el inmobiliario- no logró salir de su compleja situación y solicitó su liquidación voluntaria. La compañía había iniciado un proceso de reorganización, proceso en el cual dijo que la crisis social y luego la pandemia derivaron en una paralización o ralentización del 90% de las obras en desarrollo y -por consiguiente- una disminución considerable del flujo de caja.
La Constructora Santafe, ligada a Pablo González y Patricio Vivanco, también había iniciado un proceso de reorganización, pero no presentó su propuesta de refinanciamiento a sus acreedores, por lo que la justicia decretó su quiebra.
Suma y sigue. La Constructora GHG, que inicialmente había intentado llevar a cabo un proceso de reorganización financiera tras la pandemia, decidió solicitar su quiebra. La empresa, con casi 30 años de historia y gerenciada por Alfredo Gómez, levantó una serie de centros deportivos, bodegas de viñas y edificios de universidades en el país.
Ingeniería y Construcción RYH SpA se sumó a la lista: dijo que la pandemia provocó un alza en la competencia en las pocas licitaciones públicas que surgieron. “Donde habitualmente participaban 5 ó 6 empresas, ahora comenzaron a participar hasta 15”, destacó en su solicitud de quiebra.
La Constructora Dimar 2 Limitada (filial del grupo Dimar, fundado en 1990) también solicitó su liquidación voluntaria. Una vez más, se apuntó a los negativos efectos que generó la crisis social y luego la pandemia.

 

Fuente: https://dfsud.com/transporte-y-construccion/negocio-inmobiliario-en-chile-en-alerta-reorganizaciones-y-quiebras?cx_testId=64&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s